Líderes del sector productivo expresaron su postura frente a una eventual modificación a la ley, junto con cuestionar la autodenominación de “presos políticos” o la comparación que se hace entre los mineros atrapados y los reclusos que mantienen huelga de hambre en distintas cárceles.
El polémico debate nacional sobre modificar o no la actual Ley Antiterrorista tuvo su punto peak en las últimas horas, luego que el empresariado,-principal afectado por dichos delitos-, expresara su preocupación ante un eventual cambio en la normativa.
“Aquí se han quemado casas, escuelas y buses; se ha atacado a familias mapuche y no mapuche, gente indefensa, sacándolos violentamente desde sus camas sólo para “mostrarles” cómo queman su hogar, sus recuerdos, como destruyen su vida… Hay demasiadas familias que han sufrido mucho con estos ataques; Malleco y Cautín han sido víctimas de pérdidas millonarias que involucran puestos de trabajo, maquinaria y producción. A la fecha llevamos más de 40 camiones siniestrados, cada uno de ellos avaluado en 120 mil dólares” señala el comunicado emitido por la Multigremial de La Araucanía, que agrupa a la actividad turística, forestal, agrícola, salmonera, industrial, de la construcción, transportes, comercio y servicios de la región.
La declaración pública de la Multigremial emitida en representación de empresarios, trabajadores y emprendedores que apoyan la paz y el diálogo, enfatiza que se deben seguir considerando los incendios planificados como un acto de terror; de lo contrario, señalan que La Araucanía quedaría a merced de un grupo de violentistas, lo que marcará el principio del fin de las actividades productivas, condenando a miles de personas a vivir en la pobreza.
“Nosotros creemos que cualquier mejora a dicha ley puede ser estudiable, pero rechazamos tajantemente la posibilidad de eliminar el incendio de la categoría de terrorismo. El incendio es un acto de terror cuando se logra acreditar que se hizo con la finalidad de ocasionar temor en la población, o en parte de ella.”, señaló Pedro Jaramillo, Presidente de la Corporación Chilena de la Madera.
De hecho, la ley tipifica como acto terrorista en su artículo cuarto: “colocar, lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, que afecten o puedan afectar la integridad física de personas o causar daños”, recordó el comunicado, en relación a que muchos de los ataques registrados en La Araucanía buscan justamente infundir temor y provocar impacto masivo, a través de acciones planificadas.
Los dirigentes gremiales recordaron que la Ley Antiterrorista se aplica en actos delictuales extremos y no contra personas específicas, independiente de su condición indígena, credo o raza. No es racista, pues no toma en consideración la etnia. Se aplica por igual a quien resulta responsable, venga de donde venga.
AUTODENOMINADOS “PRESOS POLÍTICOS” Y MINEROS ATRAPADOS
Los líderes señalaron contar con el más amplio respaldo de sus bases para desmentir que en Chile existan presos políticos.
“Primero, los huelguistas se autodenominan “presos políticos; pero recordemos que estas personas fueron detenidas y procesadas en juicios donde se comprobó que consciente y planificadamente violentaron niños, familias, personas, trabajadores que realizaban sus labores de manera pacífica... Entendemos que sus familias y ellos estén preocupados, pero nosotros hablamos a nombre de miles de personas inocentes,-mapuche y no mapuche-, que han sido violentadas, que han sufrido mucho, al igual que toda la Región” indicó José Villagrán, presidente de la Asociación Gremial de dueños de camiones.
“Los presos políticos son presos de conciencia, que están privados de libertad por manifestar una clase de pensamiento que es sancionado y perseguido por un Estado, lo que por cierto no ocurre en Chile”, recordó.
Por su parte, destacaron que estos actos de presión indebida no son representativos de la mayoría mapuche: “la vía de los ataques o atentados en contra de personas inocentes, que sólo buscan vivir en paz, no puede ni debe ser un mecanismo legítimo de reclamación, independiente de la motivación que los inspire” señaló Luciano Rivas, representante de Salmon Chile.
Tampoco sería correcto comparar a estos reclusos huelguistas con los 33 mineros atrapados: “Es una falta de respeto... Esta es una medida donde buscan victimizarse, además de presionar al Estado y a la opinión pública; no tiene ninguna relación con los 33 mineros que por un accidente quedaron atrapados en la mina San José, con todos los deseos de vivir y sin haber cometido delito alguno”, indicó Gastón Caminondo, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola.
Los gremios fueron más allá en su postura: “con el mismo ímpetu con que el Presidente llama a las iglesias, la Multigremial solicita se apoye a las víctimas de los actos de terrorismo y de la misma forma apoye a los chilenos de origen mapuche, que son amenazados por testificar frente a estos actos”, destacó la declaración.
